La atención a los MENA implica una inversión considerable en recursos humanos y materiales. Por ejemplo, la Junta de Andalucía ha anunciado que reclamará 17 millones de euros al Gobierno central para financiar la atención de 567 menores migrantes trasladados desde Canarias. Estos menores fueron inicialmente identificados como adultos, pero la Fiscalía confirmó que eran menores.


Aunque se han establecido acuerdos para la redistribución de MENA entre las comunidades autónomas, su cumplimiento ha sido desigual. Por ejemplo, en 2023, de los 396 menores que se acordó trasladar, solo 67 fueron efectivamente reubicados, lo que representa aproximadamente un 17% del total previsto. Solo cuatro comunidades autónomas participaron en la acogida, y ninguna alcanzó la cifra acordada. Regiones como Cataluña y Madrid, que debían acoger a 33 y 34 menores respectivamente, no recibieron a ninguno.

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La calidad de los centros de acogida varía según la región y la gestión. En algunos casos, se han reportado situaciones críticas. Por ejemplo, en el centro de Mácher, Lanzarote, trabajadores han denunciado falta de comida, ausencia de servicios básicos y episodios de violencia, lo que ha llevado a bajas laborales y renuncias.

algunas regiones, como Canarias, enfrentan una saturación en sus sistemas de atención. Con una capacidad para 2.000 niños, actualmente atienden casi el doble, lo que ha llevado a solicitar una redistribución de estos menores entre las distintas comunidades autónomas para garantizar sus derechos y necesidades.

En España, los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) son niños y adolescentes menores de 18 años que llegan al país sin la compañía de un adulto responsable. Su protección y atención recaen en las comunidades autónomas, que deben garantizar su bienestar y derechos fundamentales.